Godoy apoyará la iniciativa oficial, Capitanich la rechazará y Schneider mantiene silencio.
La sesión del Senado que tratará hoy la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, denominada "ley de Tierras", se presenta con un escenario parlamentario muy ajustado y la posibilidad de un empate.
En la representación chaqueña, Juan Cruz Godoy, senador de La Libertad Avanza, respaldará el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, mientras que el exgobernador y senador del bloque Popular, Jorge Capitanich, anticipó su rechazo y presentó un dictamen de minoría.
La senadora radical Silvana Schneider es la incógnita: aunque pertenece a la UCR, ha acompañado al oficialismo en votaciones relevantes. NORTE intentó comunicarse sin éxito con ella y su equipo para conocer su postura.
El proyecto es la decimosexta versión del dictamen y la quinta oportunidad en que el oficialismo intentará aprobarlo tras sucesivas modificaciones y negociaciones para sumar votos.
Entre los cambios más importantes figura la decisión de mantener un límite del 25% para la compra de tierras rurales por extranjeros y permitir que las provincias establezcan límites más restrictivos. Actualmente, la ley establece un 15%.
El oficialismo proyecta contar con 35 votos y la oposición con 33, aunque hay legisladores indecisos y dos que solicitaron votar a distancia por salud. En caso de empate, podría discutirse si el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, tiene voto dirimente.
Victoria Villarruel no presidirá la sesión porque el presidente Javier Milei está de viaje, por lo cual Abdala conducirá la Cámara Alta.
El proyecto abarca además modificaciones en leyes de expropiaciones, regularización dominial, manejo del fuego, registro de la propiedad y procedimientos de desalojo.
Desde el gobierno sostienen que la iniciativa busca fortalecer la protección de la propiedad privada, brindar seguridad jurídica y atraer inversiones. Capitanich, en cambio, denuncia que flexibiliza la extranjerización, debilita recursos estratégicos y ambientales y reduce la capacidad regulatoria del Estado.
