Había sido condenado en 2017 por encubrimiento, pero el fallo fue anulado por graves errores en la valoración de la prueba. Ahora, se busca determinar si Néstor Pavón también participó del ataque junto a Sebastián Warner, sentenciado a perpetua.
A más de nueve años del femicidio de Micaela García, la Justicia volverá a juzgar a Néstor Pavón, el dueño del lavadero donde trabajaba Sebastián Wagner, condenado por la violación y el asesinato de la joven en 2017.
El nuevo juicio comenzó pasadas las 9 en los tribunales de Gualeguay, Entre Ríos, y buscará determinar si Pavón encubrió a su empleado después del crimen o si tuvo una participación directa en el ataque.
Pavón había sido condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, pero una serie de apelaciones terminó con la orden de realizar un nuevo debate. Actualmente, se encuentra en libertad y podría recibir una condena más grave si la Justicia determina que fue coautor del femicidio.
El debate tendrá ocho audiencias y estará a cargo de los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás Gazali, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.
“Este juicio tiene una condena firme contra Wagner y esto ya no vuelve a discutirse. Lo que sí deberá determinar es quién lo acompañó en el femicidio de Micaela”, expresó en su alegato de apertura Marcelo Boeykens, representante de la querella junto a José Rodolfo Iparraguirre. “Estamos convencidos de que Wagner no actuó solo”, afirmó.
“Este caso deberá ser juzgado con perspectiva de género, como no lo hizo el tribunal anterior”, sostuvo, y agregó: “Nuestra teoría del caso es que Néstor Pavón intervino como coautor y bajo una decisión común, decisión conjunta y en un reparto de tareas en el abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género (femicidio)”, agregó.
En diálogo con TN, el papá de Micaela explicó que uno de los testimonios importantes será justamente el de Wagner, quien ya fue condenado a prisión perpetua por el crimen.
Su declaración fue pedida por la fiscalía y la querella en el nuevo debate. Este planteo fue puesto a consideración del tribunal en la primera audiencia. La defensa se opuso a que sea incluido como testigo.
“Es fundamental para nosotros, porque una de las declaraciones había dicho que a mi hija le había quitado la vida Néstor Pavón”, sostuvo Néstor “Yuyo” García en la previa del debate.
Sobre esto, el abogado Boeykens dijo en sus alegatos que “será una prueba de cargo directa”, y agregó: “Vamos a pedir que su palabra sea confrontada por la prueba independiente. Y que se tenga en cuenta que no puede reducir su pena con lo que declare en esta instancia. Su condena no está controvertida”.
En representación del Ministerio Público Fiscal se encuentran Maite Burruchaga y Gamal Taleb. “Esta parte probará la coautoría de Pavón”, expresó la fiscal al comienzo de sus alegatos. “Nos encontramos ante un aberrante hecho de abuso sexual de femicidio de una joven de 21 años, vamos a pedir la pena más gravosa”, adelantó.
El recorrido judicial que llevó a un nuevo juicio
En octubre de 2017, Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento. Sin embargo, la sentencia no cerró las dudas sobre su posible participación en el crimen.
En mayo de 2019, la Sala I de la Cámara de Casación de Paraná, integrada por Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Davite, anuló esa condena y ordenó realizar un nuevo juicio.
Los camaristas señalaron que había “graves errores lógicos en la apreciación de la prueba indiciaria” y cuestionaron que el tribunal no hubiera respondido si Pavón se estaba autoencubriendo.
Un año después, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló la resolución de Casación. La fiscalía y la querella apelaron esa decisión y el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En abril de 2024, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó a favor de dejar sin efecto el fallo del máximo tribunal entrerriano y recomendó que se realizara un nuevo juicio.
Para la familia de Micaela, el nuevo debate también implica volver a analizar los mismos elementos probatorios y a escuchar otra vez todos los testimonios, pero ante jueces diferentes.
“Aunque son las mismas pruebas y testigos, el tribunal es otro. En base a todo el expediente anterior, querrá hacer las preguntas y sacar sus propias conclusiones”, explicó el papá de la joven.
El hombre también aclaró que no todos los testigos declararán durante las audiencias y que la incorporación de nuevas personas dependerá de lo que surja de los testimonios. Según detalló, la primera en declarar será la mamá de Micaela.
El juicio tendrá ocho audiencias, previstas para los días 29 y 30 de octubre y otras fechas de noviembre. El cierre está programado para el 12 de noviembre.
La noche en que desapareció Micaela
Micaela tenía 21 años y estudiaba el profesorado de Educación Física en Gualeguay. Durante la madrugada del 1° de abril de 2017, salió del boliche King y emprendió el regreso a su casa a pie.
Cerca de las 5.45, un Renault 18 Break la interceptó. Según la reconstrucción de los hechos, la joven se resistió al ataque y pidió ayuda. Una vecina escuchó sus gritos, que luego se convirtieron en una prueba importante para la investigación.
En su declaración, Wagner sostuvo que Micaela les gritaba: “Déjenme, manga de hijos de pu**, los voy a denunciar, yo conozco mucha gente y los voy a meter presos a los dos”.
Durante el ataque, la joven perdió una sandalia, un elemento que ayudó a identificar el lugar donde había sido secuestrada. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en una zona rural del departamento de Gualeguay, cerca del camino que conduce a González Calderón, oculto entre pastizales y debajo de un árbol.
La investigación determinó que Wagner fue el autor de la violación y el femicidio. Por esos delitos recibió prisión perpetua.
La libertad condicional que quedó bajo cuestionamiento
El caso de Micaela también expuso las fallas del sistema judicial en el control de personas condenadas por delitos sexuales.
El 1° de julio de 2016, Carlos Rossi, entonces juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, le concedió la libertad condicional a Wagner, que cumplía una pena de nueve años de prisión por dos violaciones. La decisión se tomó pese a que había informes técnicos que desaconsejaban otorgarle ese beneficio.
Tras recuperar la libertad, Wagner se instaló en Gualeguay y comenzó a trabajar en el lavadero de Pavón. Ambos compartían jornadas laborales y encuentros en los que consumían alcohol.
Nueve meses después de salir de prisión, Wagner asesinó a Micaela.
La decisión de Rossi provocó una fuerte reacción social y derivó en varios pedidos de jury. Sin embargo, el magistrado se jubiló sin recibir una sanción disciplinaria por haberle concedido el beneficio.
El femicidio se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y fue uno de los hechos que marcaron el debate sobre la necesidad de prevenir y erradicar este tipo de violencia.
La Ley Micaela y los desafíos pendientes
El nombre de Micaela también quedó ligado a una ley nacional que estableció capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para quienes trabajan en los tres poderes del Estado. La norma fue sancionada en 2018, después del femicidio.
Para el papá de la joven, uno de los cambios más importantes fue que la sociedad comenzó a reconocer formas de violencia que antes tenían menos visibilidad a través de la Ley Micaela (Ley 27.499).
“Hace nueve años y medio, la única violencia de género que se conocía era la violencia física. Ahora se reconoce la violencia económica, psicológica, sexual, institucional y hasta el acoso callejero que antes era tomado como un piropo, entre otras formas”, señaló.
Sin embargo, advirtió que todavía queda mucho por hacer para garantizar que las capacitaciones se traduzcan en cambios concretos y en políticas públicas.
“En muchos casos, de manera pedagógica, las capacitaciones se hacen como meras clases expositivas y con personas estáticas que están sentadas escuchando. Por eso apostamos a que la generación de conocimiento se genere a través del debate, ya que el conocimiento es colectivo”, sostuvo.
Y agregó: “A pesar de eso, yo pienso que las personas que pasaron por las capacitaciones actúan, legislan y juzgan de manera diferente. Fue un paso muy importante”.
También cuestionó que el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso no estén realizando las capacitaciones previstas por la ley.
En ese contexto, contó que, ante esa situación, desde el gremio al que pertenecen los trabajadores legislativos se decidió avanzar con una iniciativa propia, por disposición de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo.
“Yo creo que a este gobierno no le queda más de un año en el poder. Ese retroceso que quiere implantar no va a perdurar porque la sociedad necesita avanzar. Hay que aguantar y esperar que no se siga desarticulando lo que venimos trabajando desde hace años”, cerró.
