La medida, oficializada mediante el decreto 612/2026, flexibiliza el financiamiento sindical y amplía la negociación con empresas.
El Gobierno nacional reculó en uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral al derogar el tope del 2% que restringía las contribuciones extraordinarias que las empresas realizaban a los gremios. La decisión se formalizó a través del decreto 612/2026, que además amplía la base de cálculo de dichos aportes.
Este ajuste representa un gesto hacia la CGT, ya que devuelve parte del margen de negociación que la reforma laboral había limitado y permite discutir con las cámaras empresarias montos mayores.
El decreto fue firmado el viernes 17 por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La principal modificación elimina el límite del 2% para las contribuciones extraordinarias, habilitando que el monto pueda ser acordado entre sindicatos y cámaras empresarias dentro de los convenios colectivos sin sujeción a tope previo.
Por otra parte, se ajustó la base de cálculo para incluir el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y mensuales que tengan origen convencional, excluyendo conceptos no habituales o no mensuales como premios, bonos, participación en ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional y sumas no remunerativas.
Los fondos deberán ser destinados exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores representados por la asociación sindical. Además, su administración y documentación deben mantenerse separadas del resto de los bienes sindicales, garantizando una gestión diferenciada y facilitando el control previo a la homologación de convenios colectivos.
Esta medida contrasta con el rumbo inicial de la reforma laboral aprobada por el Congreso en febrero y reglamentada por el Poder Ejecutivo en junio, donde la CGT no logró suavizar las restricciones al financiamiento sindical.
Aunque el Gobierno calificó el cambio como una precisión técnica para ordenar la aplicación normativa, el impacto político es claro: la CGT recupera capacidad de negociación y acceso a recursos mayores frente al sector empresarial.
