El superávit acumulado hasta junio quedó por debajo del compromiso. Economía deberá pedir una excepción para destrabar un desembolso de US$680 millones.
Tras la difusión del resultado fiscal al cierre del primer semestre, los analistas privados coincidieron en que el superávit acumulado a junio no alcanzó la meta pactada por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La revisión que realizará el organismo está prevista para fines de julio y se basará en estos datos. Su aprobación permitiría liberar un desembolso superior a US$680 millones.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Buenos Aires el 27 de julio. Aunque no está a cargo del análisis técnico, se estima que el Gobierno le adelantará la desviación y solicitará un waiver para justificar el incumplimiento y garantizar la transferencia.
El reporte matutino de Max Capital detalló que “el superávit primario acumulado con la metodología del FMI alcanzó $6,3 billones a junio, por debajo de la meta establecida de $6,861 billones, evidenciando un incumplimiento”.
En concordancia, Grupo SBS señaló que “excluyendo ingresos extraordinarios, la meta fiscal del primer semestre está incumplida por aproximadamente $573.970 millones, aunque no prevén inconvenientes en la próxima revisión”.
Respecto a la meta anual, tras la última revisión del acuerdo con el FMI, el Gobierno flexibilizó el compromiso para 2026, reduciendo la meta de superávit del 2,2% al 1,4% del PBI. Max Capital evaluó que aún es posible cumplirla si las cuentas públicas mejoran en el segundo semestre.
El principal desafío es el deterioro real de la recaudación, causado por el rezago en la actividad económica. La consultora LCG advirtió que “la caída persistente en los ingresos exige un ajuste mayor en el gasto para alcanzar el compromiso”.
Además, LCG destacó que aunque exista voluntad oficial para cumplir, el costo fiscal y social del esfuerzo podría ser alto.
En este contexto, el Ministerio de Economía tomó decisiones que reflejan esa preocupación: redujo menos las retenciones, concentrándose en trigo y cebada; postergó hasta 2027 la reducción de derechos de exportación sobre soja y derivados; aplazó hasta noviembre la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL); y recurrió a contabilidad creativa para reconocer una deuda con la Ciudad de Buenos Aires.
